El pasado 14 de febrero fue presentado el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que supone una reforma parcial del texto vigente y pretende fortalecer la posición de los creadores y facilitar la transición digital de las industrias culturales y creativas, colocando así a España entre los países que cuentan con una legislación más restrictiva en cuanto a protección de la propiedad intelectual, tales como Alemania o Francia.
Por una parte, el proyecto de ley pretende, según el Gobierno, reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, asegurando una mayor transparencia y eficacia en la operativa de las mismas; mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital; acotar los límites del concepto de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información -esta medida tiene carácter transitorio, a la espera de la necesaria armonización comunitaria-; y ampliar el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando el uso de licencias.
La llamada Tasa Google: Se propone que los agregadores de contenidos, tales como Google News o Yahoo News, paguen a los medios de comunicación por los contenidos sujetos a derechos de autor. No tendrán que pedir permiso para agregarlos, siempre que se trate de fragmentos no significativos, pero sí tendrán que ofrecer a cambio una remuneración equitativa por el uso. El monto de ésta será negociada con las entidades de gestión de derechos (CEDRO para los textos y VEGAP para las imágenes).Pese a la falta de concreción, parece que motores de búsqueda tales como Bing o Google ni tienen que pedir permiso para enlazar contenidos ni la obligación de pagar por ellos, dado que se entiende que prestan un servicio de intermediación técnica.
El sistema de ventanilla única: La nueva ley establece este sistema de recaudación como medio de facturación y pago para simplificar y reducir costes a los usuarios que hacen uso de contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual (hoteles, peluquerías, radios o televisiones). Se busca así que puedan en un solo trámite cumplir con sus deberes. Será una fundación o sociedad de carácter privado en la que tendrán que participar todas las entidades de gestión y deberá unificar el sistema de pago a través de una web con tarifas para cada colectivo.
María Romero Valiña
MRV Abogados